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¿Condena a muerte en las cárceles venezolanas?

¿Condena A Muerte En Las Cárceles Venezolanas?

Caracas.- Tras 144 días de la declaración de estado de emergencia debido a la Pandemia del Covid-19 en Venezuela, no es solo a nivel laboral que el país ha visto una paralización. El sistema de justicia y por lo tanto el derecho a la defensa de miles de ciudadanos también se ha visto afectado, llegando al punto de exponer la vida de inocentes, de forma innecesaria, con su permanencia en centros que actualmente se ven afectados por el inclemente virus.

Abogados de diferentes fundaciones y ONG´s en Venezuela, han presentado incluso un recurso de Amparo, recordando al estado su OBLIGACIÓN de velar por la justicia y los derechos fundamentales de los detenidos. Y es que al hablar de detenidos no hablamos únicamente de delincuentes, quienes también poseen derechos, sino de cientos de prisioneros políticos, de cientos de víctimas inocentes de casos de interés político, de miles de personas con boletas de excarcelación, libertad plena y sobreseimientos de causa, que hoy por hoy se encuentran injustamente tras las rejas en recintos que no cuentan con las condiciones sanitarias básicas para ser habitados en circunstancias normales, mucho menos en una situación tan «especial» como la actual.

Hablamos de miles de familias que hace cinco meses se les ha negado el derecho de saber sobre el estado de sus familiares privados de libertad, de personas que se les ha visto cercenado su LEGITIMO DERECHO A LA DEFENSA E INCLUSO EL ACATAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVIAMENTE EMANADAS POR TRIBUNALES y que no fueron efectuadas en su momento. Estas personas son hoy víctimas de un encarcelamiento injusto y de una innecesaria exposición de sus vidas al peligro de contraer el virus en instituciones del estado, y eso por no hablar de la violación de su derecho a estar en contacto con sus familiares y de que estos puedan velar porque las necesidades de estos ciudadanos estén debidamente satisfechas.

Es importante recalcar que pese a cualquier ley interna, nuestro país firmó acuerdos internacionales en los cuales acepta acatar las normativas establecidas por distintos organismos. Por ejemplo, la firma de la Carta de las Naciones Unidas en junio de 1945 situó los derechos humanos en la esfera del derecho internacional. Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron adoptar medidas para proteger los derechos humanos.

En este sentido, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión dispone:

Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho.

Los instrumentos internacionales dejan bien claro que el contacto con la familia es un derecho, no un privilegio que haya que conseguir.

Y no solo de privación del derecho a mantener el debido contacto con sus familiares y abogados sufren los detenidos, sino del derecho inalienable de todo ciudadano a la defensa, que como bien citó el abogado venezolano Alonso Medina Roa (Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia), «No caduca y debe ser cumplido desde el inicio del proceso, esto aplica incluso en estado de excepción».

El 23 de julio del presente año, la Dra. Gloria Pinho presentó un Amparo Constitucional por la «paralización parcial de la justicia» en contra de la Sala Plena del TSJ, que emitió las resoluciones que permiten dicho «estancamiento» de las causas que el gobierno no considere «urgentes»; sumándose así a la lista de abogados a nivel nacional que exige la reactivación de los tribunales y la continuidad de los procesos abiertos.

Por si las violaciones a los derechos procesales y fundamentales de los detenidos fueran pocas, se suma el hecho de que estas personas se encuentran en situación de peligro, ya que el virus parece haber llegado a los centros de reclusión como el Helicoide.

El día martes, José Manuel Olivares, Comisionado Presidencial para la emergencia en Salud y Atención Sanitaria, informó que en el Hospital Universitario de Caracas se encuentra un recluso de El Helicoide, contagiado de Covid-19, advirtiendo así de la posibilidad de un brote en la sede del organismo (Sebin).

Sede Sebin

Cabe destacar las denuncias de familiares y abogados quienes indican que «dicho centro no respeta las normas mínimas de salubridad que una institución así requiere. Las ventanas fueron cerradas con Drywall, dejando sin ventilación el recinto, los prisioneros se encuentran hacinados, no hay agua, tienen detenidos con patologías severas que de ser contagiados difícilmente sobrevivirían, pero los más grave de todo, es que hay personas con boletas de excarcelación a quienes se les mantiene ilegitimamente privados de libertad y expuestos a un contagio que pudiera tener un desenlace fatal», comenta el hermano de uno de estos detenidos a nuestro portal web.

Según aseguró Olivares, varios comisionados están coordinando para «exigir que se permita la entrada de la delegación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para verificar cuántos contagiados hay y en qué condiciones están los presos».

 

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